Ley de economía sostenible y descargas ilegales

Esta semana se ha producido gran revuelo a causa de la iniciativa del Ministerio de Cultura para incluir medidas contra la piratería en Internet en la ley de economía sostenible que prepara el gobierno. La reforma, de seguir adelante, permitiría al Ministerio cerrar páginas webs con enlaces a sistemas de descargas. También permitiría obligar a las operadoras a bloquear el acceso a webs extranjeras que proporcionaran estos enlaces, y todo ello sin la intervención de un juez.

Naturalmente, media Internet se ha echado encima del gobierno, que ha intentado echar balones fuera e incluso ha hecho hablar sobre el tema a Zapatero. Rápidamente la noticia ha saltado a los medios de comunicación “tradicionales” que por una vez, y sin que sirva de precedente, han hablado sobre cómo se recortan silenciosamente los derechos y libertades de los ciudadanos con la excusa de las posibilidades que permite Internet y los despiadados pirata que actúan en ella. Incluso en el programa “En días como hoy” de Radio Nacional de España reconocían que no solían dar noticias de este tipo y que se sentían un poco fuera de lugar.

En definitiva, se ha criticado mucho las medidas que el gobierno quería introducir para evitar las descargas “ilegales” en Internet cuando la cuestión de fondo es si estas descargas son realmente ilegales. En la práctica, ningún juez en España ha cerrado nunca ninguna web por ofrecer enlaces a contenidos, ni ha condenado a ningún usuario de Internet por descargar o suministrar estos contenidos.

Coincido con la opinión de algunos blogeros de que esta propuesta de ley intenta saltarse el poder judicial, que de momento no está apoyando a los sociedades gestoras de derechos ni a aquellos que pretenden ilegalizar unos derechos y libertades que los ciudadanos siempre hemos tenido, pero que ahora se tachan de “piratería” con el objetivo de criminalizarlos. Y es que intercambio de contenidos entre particulares y sin ánimo de lucho es, y siempre ha sido, perfectamente legal.

El gobierno parece que da marcha atrás e incluso muchos de sus miembros parecen sentirse molestos por la gestión de la ministra González-Sinde. No obstante, no me permite ser optimista por dos razones: primero porque el polémico texto no ha sido retirado, sino que entrará en el debate parlamentario y ya veremos qué sale de ahí; y segundo, y más importante, por que el gobierno ha conseguido trasladar a la sociedad la idea interesada de que las webs de enlaces son ilegales y que las descargas también lo son.

Sólo este hecho, intencionado o no, supone un gran paso adelante en la criminalización del uso de Internet.